El 2 de septiembre un doble terremoto dejó a gran parte del estado La Guaira entre escombros. La Universidad Simón bolívar, núcleo Litoral (USB-NL) pasó de ser una sede académica a campamento transitorio bajo la vigilancia de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). Según una filtración obtenida por Runrun.es, el campus acogía a 868 personas el mismo día del sismo. Ni los vecinos de la parroquia Naiguatá ni los estudiantes pudieron acceder al recinto, lo que obliga a la información a circular únicamente a través de fotografías y mensajes internos.
Campamento improvisado bajo custodia de la DAET
Alex*, estudiante de 24 años y líder estudiantil, describe la situación: «Lo que sabemos es mediante fotos. Ningún estudiante se ha podido acercar desde que tomaron el campus como un refugio. Días después del desastre unas personas tomaron la universidad, acompañadas de Diosdado Cabello. Hicieron reparaciones rápidas y la usaron como refugio». Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, también es señalado por la Misión de la ONU por presuntos crímenes de tortura y desaparición. La presencia de la DAET, calificada por la ONU como una fuerza implicada en violaciones de derechos humanos, refuerza la opacidad del proceso.
Daños estructurales y censos independientes
Los estudiantes comentan que, a tres semanas del inicio del trimestre, la «Plaza techada» mostraba grietas y la biblioteca presentaba resquebrajamientos. Según la información que llegaron por mensajería, la comisión dirigida por Cabello arribó siete días después del sismo. Paralelamente, el 27 de junio el Gobierno interino detuvo temporalmente a dos estudiantes de la USB mientras recolectaban donaciones en Táchira para los damnificados.
Ante la falta de datos oficiales, la Asociación de Egresados y los líderes estudiantiles lanzaron un censo propio a través de redes sociales. Sus cifras indican que al menos 80 habitantes de La Guaira —entre estudiantes, docentes y personal administrativo— perdieron su vivienda, y más de 52 miembros de la USB fallecieron. El Observatorio Venezolano de Universidades (OBU) confirma que los datos oficiales siguen sin publicarse.
Impacto en otras sedes universitarias de La Guaira
El OBU, alimentado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), registra siete universidades, dos instituciones y trece «aldeas universitarias» en La Guaira, vinculadas al programa Misión Sucre. Después del sismo, al menos una de cada tres denuncias sobre infraestructura universitaria surgieron en la zona. Ocho aldeas presentan daños estructurales, entre ellas el Liceo Rafael Rangel (parroquia Carayaca) y el Liceo José María Vargas (parroquia La Guaira), que impartían educación superior en horarios nocturnos.
Según la página oficial de la Misión Sucre, tres de esas aldeas operan ahora como campamentos: el Complejo Educativo República de Panamá, el Liceo Bolivariano Gustavo Olivares Bosques y la Universidad Marítima del Caribe (UMC). Otras escuelas primarias, como el Liceo Alberto Ravell y el Liceo Licenciado Aranda, se convierten en sedes de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA).
Reanudación de clases y futuro incierto
El retorno académico se ha desplazado a la modalidad virtual. Álvaro Chang, estudiante de décimo tercer trimestre en ingeniería de mantenimiento, explica que los tres semanas restantes del trimestre se están completando mediante clases por WhatsApp a menos que se requieran laboratorios presenciales. Los que no pudieron terminar sus prácticas en La Guaira se trasladan a la sede de Sartenejas, en Caracas,
En la UMC, los estudiantes entrevistados afirman que no existe un plan definitivo para retomar las actividades presenciales. Ariel* recuerda que cada docente elaboró un censo mediante grupos de WhatsApp, ya que la universidad no ha publicado datos oficiales. La Comisión Presidencial, bajo la supervisión de Cabello, ha levantado casas de zinc en la zona sur del campus para alojar a los damnificados, con la promesa de que la ocupación sea temporal y se extienda hasta finales de 2026.
William Anseume, miembro de la junta directiva de la Asociación de Profesores de la USB, declara: «Se nos ha dicho con toda claridad que los que están construyendo en zonas aledañas al centro de clases son temporales, para paliar la grave situación de los habitantes del estado». Anticipa que los refugios podrían permanecer hasta noviembre o diciembre, generando interrupciones en los procesos académicos.
El observatorio y la ONG Aula Abierta subrayan que la vulnerabilidad institucional se ha agravado: problemas estructurales previos al sismo, salarios insuficientes, pérdida de autonomía y déficits presupuestarios entre el 70 % y el 99 % ya debilitaban a las universidades. Ahora, la falta de agua y energía eléctrica persiste, y la capacidad de atención psicológica es limitada, dificultando la recuperación de la comunidad estudiantil.
