En Caracas, el Fiscal General de la República Larry Devoe emitió una instrucción que afecta directamente las redes sociales oficiales del Ministerio Público. La orden dispone la eliminación de cualquier publicación que muestre a personas privadas de la libertad o que las identifique como autoras de delitos sin que exista una sentencia penal firme. El objetivo declarado es reforzar la presunción de inocencia principio consagrado en la Constitución venezolana y que, según el propio comunicado, debe ser garantizado por todas las instituciones del Estado.

Alcance y criterios de la orden

El comunicado oficial detalla tres situaciones que provocan el borrado inmediato de los contenidos: (1) la exhibición de imágenes de internos(2) la mención directa de individuos como responsables de hechos delictivos; y (3) la publicación de acusaciones contra personas que no poseen una condena judicial. Devoe enfatizó que actuar de otra manera “anticiparía la culpabilidad de una persona antes de que un tribunal determine su responsabilidad”. La frase “Toda persona es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario” se repite como fundamento legal de la medida.

Sin embargo, el comunicado no aclara si el Ministerio Público conservará copias internas de los mensajes retirados, qué tipo de registros serán eliminados ni los protocolos que se seguirán para salvaguardar información que pueda resultar relevante en investigaciones futuras. Esta ausencia de detalle cobra relevancia porque los archivos institucionales frecuentemente incluyen datos sobre detenciones, acusaciones y actuaciones de los cuerpos de seguridad, que podrían ser esenciales para procesos judiciales posteriores.

Críticas del exfiscal Zair Mundaray

La decisión de Devoe fue rápidamente cuestionada por el exfiscal venezolano Zair Mundaray, quien utilizó su cuenta en la red X para manifestar su inconformidad. Mundaray aceptó que la presunción de inocencia es un derecho esencial, pero advirtió que la eliminación masiva de publicaciones podría también suprimir evidencia digital vinculada a supuestos crímenes de Estado. Su comentario incluyó la frase acusatoria: “Disfrazado de garante de debido proceso realmente está borrando gran parte de la evidencia digital de crímenes de Estado!” señalando un posible conflicto entre la protección de derechos individuales y la preservación de pruebas en casos de violaciones graves.

El exfiscal recordó que, con anterioridad, había solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) medidas para asegurar pruebas potencialmente vulnerables a desapariciones. Aunque no dio detalles específicos, insinuó que la orden del Ministerio Público podría dificultar el acceso futuro a información crucial sobre investigaciones de persecución, encarcelamiento y desaparición forzada. Desde su perspectiva, la medida no solo afecta la imagen institucional, sino que también pone en riesgo la capacidad de la comunidad internacional para evaluar posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El debate sigue abierto y será determinante para comprender cómo se concilian los valores de debido proceso y la transparencia judicial en el contexto venezolano.