El 24 de junio de 2026 los sismos que sacudieron la zona de Guarenas dejaron la sede de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) en un estado crítico. La unidad académica ubicada en la urbanización Vicente Emilio Sojo, conocida como Terrazas, resultó tan dañada que sus aulas y laboratorios fueron declarados «etiqueta roja» y sus actividades tuvieron que trasladarse a la sede de Los Naranjos. Esa reubicación, aunque necesaria, ha generado una sobrecarga considerable: los espacios de Los Naranjos estaban diseñados para más de 1 000 estudiantes, pero ahora albergan a 200 alumnos recién ingresados junto a la población habitual, lo que dificulta la impartición de clases presenciales y el uso adecuado de laboratorios.
Intento de apropiación del terreno baldío
En medio de la crisis, funcionarios del Ministerio de Hábitat y Vivienda se presentaron en la sede de Los Naranjos con la intención de iniciar una obra que albergara a personas damnificadas por los sismos. Según testimonios recogidos por la comunidad, los trabajadores no portaron identificación ni documento oficial que justificara la intervención. El profesor e ingeniero Jesús Reyes aseguró que “no tenían ningún tipo de identificación, ni ninguna carta. Nada firmado por parte de algún ente gubernamental”. La ausencia de notificación previa llevó al director de la sede a remitir el hecho al Vicerrectorado Regional de Caracas y a registrar un acta de declaratoria y rechazo institucional.
Violación a la autonomía universitaria
El documento presentado por la comunidad universitaria calificó la posible ocupación como una «flagrante e inadmisible violación a la autonomía universitaria». Según el artículo 109 de la Constitución, las universidades gozan de la capacidad de planificar, organizar y administrar su patrimonio sin interferencias externas. La pretensión de convertir 2,5 hectáreas de terreno baldío en un galpón de emergencia, sin la autorización de la propia Unexpo, contraviene este principio y pone en riesgo áreas destinadas a la docencia, investigación y extensión.
Escasez de recursos y demandas pendientes
Además de la disputa territorial, la comunidad señala una serie de carencias estructurales que se prolongan desde antes del sismo. La universidad no cuenta con comedor desde 2018, carece de una flota de transporte regular y depende de un único autobús IVECO cuya recarga de gasoil se ve obstaculizada por la falta de garantías de suministro. Reyes manifestó que “nadie nos garantiza el gasoil… siempre hay que dar una colaboración para que dejen pasar el autobús”. Asimismo, la infraestructura de la sede de Terrazas sigue sin rehabilitarse, mientras que la Alcaldía sólo ha contribuido a impermeabilizar un aula con filtraciones.
Proyección de una ciudad universitaria nunca concretada
El terreno en disputa había sido planeado hace décadas como parte de una ciudad universitaria al estilo de la Universidad Central de Venezuela. Reyes, quien fue dirigente estudiantil, recordó que “la comunidad exige desde hace más de 30 años la ejecución del proyecto de la ciudad universitaria”. Sin embargo, la falta de avances se atribuye a obstáculos burocráticos y presuntos actos de corrupción que han impedido la materialización del plan, desviando recursos hacia otras finalidades que vulneran la legalidad y la autonomía de la institución.
Hasta la fecha de redacción, los vigilantes han mantenido cerrado el acceso al terreno, impidiendo cualquier construcción. La comunidad universitaria sigue reclamando el respeto a su autonomía y la ejecución de obras que garanticen condiciones dignas de estudio, laboratorios operativos y servicios básicos para más de mil estudiantes que dependen de la Unexpo en Guarenas.
