Durante los dos últimos días de agosto, la pequeña ciudad autónoma de Ceuta con apenas 85.000 habitantes, se vio asediada por una oleada migratoria que superó los decenas de miles. Los migrantes, provenientes de Marruecos, derribaron las barreras de la valla y, en el proceso, 83 de ellos perdieron la vida en el territorio español. La magnitud del suceso desbordó los recursos locales y puso en el centro del debate internacional la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea.
El cruce masivo de migrantes en Ceuta a finales de agosto
Este episodio no fue aislado. En mayo de 2021, una situación similar se desencadenó cuando Marruecos aflojó sus controles fronterizos, permitiendo el paso de aproximadamente 8.000 migrantes. Según fuentes internacionales, esa medida habría respondido a la hospitalización en España de un dirigente del Frente Polisario. Un año después, una gran cantidad de personas perdió la vida intentando entrar en Melilla la otra ciudad española del norte de África, situada al este del cabo Three Forks. La crisis de julio-2026, sin embargo, eclipsó a ambos eventos y coincidió con la presión de varios líderes regionales para que el presidente Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas antes del plazo de verano de 2027.
CNI, Marruecos y la sombra del control fronterizo
En 2022, Sánchez rompió la tradicional neutralidad española respecto al Sahara Occidental apoyando el plan de autonomía propuesto por Marruecos. La jugada fue interpretada como un trueque: cooperación migratoria, suministro de gas y beneficios comerciales a cambio de una frontera más tranquila. La realidad resultó ser lo contrario; la oleada de agosto fue ocho veces mayor que la esperada. El primer informe del CNI describió la situación como una permisividad marroquí sin orquestación deliberada, pero un posterior informe policial acusó a guardias fronterizos marroquíes de dirigir activamente el cruce, usando a los migrantes como cubierta para una ofensiva intencionada que buscaba reafirmar las antiguas reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.
Documentos desclasificados el 9 de septiembre por la Moncloa revelaron que un oficial del CNI había advertido a la delegación del Gobierno en Ceuta, un día antes del incidente, sobre un llamado en redes sociales con 180.000 seguidores que convocaba a «un asalto por valla y mar mañana a las 20:00», aprovechando la Fiesta del Trono en Marruecos. La delegación permaneció en silencio durante siete horas, mientras el propio CNI enviaba una alerta temprana a la inteligencia marroquí esa misma noche. Estos hechos demuestran que, aunque no se previno la magnitud del cruce, sí existía conocimiento previo en ambos bandos.
Repercusiones políticas y el escenario electoral
En el Congreso, la gestión de Sánchez recibió críticas duras, incluso de sus aliados de la plataforma Sumar que calificaron la estrategia saharaui como frágil. El gobierno defendió que mantener a Marruecos a su lado era esencial para la evacuación y control de la población de Ceuta, pero el sentir popular se mostró claramente enfadado. El analista Amin Lejarza señaló que las protestas del 2 de septiembre, más allá de la demanda migratoria, mostraron una creciente radicalización de la derecha y cánticos xenófobos. En un sistema electoral que premia la movilización de la base, ese clima podría impulsar a votantes de izquierda a acudir a las urnas.
Lejarza también destacó que los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores siguen bajo control del Partido Socialista, no de Sumar, lo que concentra la responsabilidad en el propio Sánchez. Su discurso en el Congreso centró la crítica en la retórica anti-migrante de la oposición, una táctica que ya está dando frutos en la percepción pública. Paralelamente, el contexto internacional muestra a Marruecos más confiado: un acuerdo de defensa de 10.000 millones de dólares con EE. UU., el puerto de Tánger superando al español de Algeciras, y la coorganización del Mundial 2030. Esa seguridad aparente podría haber influido en una postura menos contenida respecto a la frontera.
En última instancia, la crisis presenta dos narrativas contrapuestas de cara a las próximas elecciones. Por un lado, la tragedia evitable podría erosionar la candidatura de Sánchez; por otro, la radicalización de la derecha podría movilizar al electorado de izquierda, favoreciendo al gobierno que pretendía ser derrocado. Lo que quedó claro es que la combinación de política saharaui acciones del CNI y la dinámica migratoria ha creado una tormenta que ahora definirá el futuro político de España.


