El pasado 16 de noviembre, durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el secretario general Diosdado Cabello reafirmó su convicción de que la actual consulta pública sobre la reforma de la Ley contra el odio llegará a un «punto medio» que satisfaga tanto a los sectores que piden su derogación como a quienes defienden su permanencia.
Cabello recordó que la normativa fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el 3 de noviembre, como respuesta a la «cotidianidad» de expresiones violentas que, según él, incluían ataques a centros de salud, uso de guayas para degollar motociclistas y quemas de personas, entre otros actos que describió como odio.
Consulta pública y postura del gobierno
Según el dirigente, la ley contra el odio tiene como objetivo fundamental «castigar a quienes incurren en promover y practicar el odio». Subrayó que la iniciativa no surgió por capricho, sino por la necesidad de frenar conductas que, según él, ponen en riesgo la convivencia pacífica. El secretario general destacó que la fase actual es la apertura de la consulta pública, durante la cual la ciudadanía podrá aportar sus opiniones y propuestas antes de que el Parlamento defina el texto definitivo.
Críticas de la oposición y argumentos de Cabello
Varios ONG y sectores opositores han demandado la derogación total del marco legal, alegando que las penas de prisión resultan inconstitucionales. Cabello, sin embargo, sostuvo que la eliminación de esas penas es insuficiente para abordar la raíz del problema y acusó a la oposición de haber sido la promotora de actos violentos en protestas anteriores. «Ellos nunca van a cambiar», afirmó, y añadió que la discusión debería desarrollarse en la Asamblea Nacional, donde los argumentos a favor de la ley son, según él, más sólidos.
El dirigente también señaló que, si la iniciativa proviniera de la oposición, no habría intentos de suavizar la normativa, pues según su visión «practicaban el disparen primero y averigüen después». Concluyó que la paciencia del gobierno es firme y que nadie los desviará del camino trazado.
Propuestas de mejora en el sistema penitenciario
En paralelo a la polémica legislativa, Cabello presentó avances en el sistema penitenciario. Indicó que se está desarrollando una plataforma tecnológica que permitirá consultar «en tiempo real» la situación de cada interno en todo el país, con el objetivo de reducir la morosidad procesal y el hacinamiento. Además, resaltó casos de requisas sorpresa en centros de detención preventiva donde no se encontraron armas ni sustancias ilícitas, lo que, según él, evidencia una gestión más eficiente.
El secretario general denunció desequilibrios en las penas: “Por 70 gramos de droga meten 20 años y alguien con 700 kilos solo 8 años, ahí el sistema no está funcionando”. También señaló que hay personas detenidas sin justificación y que a veces la justificación de la prisión “nunca apareció”. Subrayó que la política penitenciaria no busca «tratar a los delincuentes como héroes», sino evitar la apología del delito.
Finalmente, Cabello afirmó que el gobierno mantiene una mesa de diálogo donde se trabaja para lograr avances en tolerancia y paz, reiterando que la reforma de la Ley contra el odio persigue garantizar la convivencia pacífica mientras se reconoce la necesidad de ajustes puntuales en el sistema de justicia.



