En la parroquia Catia La Mar, estado La Guaira, el complejo residencial conocido como bloques La Páez ha sido testigo de una tragedia que reabre viejas heridas. El 24 de junio, dos alas del bloque 3 se derrumbaron en menos de dos minutos, dejando a su paso polvo, restos y un profundo temor entre los habitantes que allí han vivido durante más de seis décadas.
Historia y significado de los súperbloques
Construidos en 1955 por el Taller de Arquitectura del Banco Obrero bajo la dirección de Carlos Raúl Villanueva y Carlos Brando, los tres bloques fueron concebidos como refugio para familias desplazadas por las inundaciones de 1951 en la costa varguense. Durante setenta años sirvieron como hogares, comercios, escuelas y espacios de recreación convirtiéndose en el núcleo social de cientos de vecinos.
El colapso del 24 de junio y su impacto humano
El sismo de junio provocó el colapso de dos alas del bloque 3, causando la muerte de varios residentes, entre ellos cuatro familiares de Jesús López, hombre de 66 años que ha habitado la zona toda su vida. Alrededor del edificio se erigió un altar improvisado con flores, fotos y cintas blancas que recuerdan a los fallecidos, mientras la vida cotidiana intenta seguir adelante: negocios reabren, voluntarios atienden a mujeres y el sol sigue quemando los restos de lo que antes fueron hogares.
Los vecinos también se enfrentan a la amenaza de una demolición mediante explosivos. Las autoridades han propuesto una evacuación temporal de 300 metros y la apertura de puertas para minimizar la onda expansiva, pero Jesús López advierte que esa medida “facilita el accionar de los facinerosos” y recuerda los saqueos ocurridos tras el sismo.
Debate entre demoliciones con explosivos y alternativas mecánicas
El bloque 2, aún en pie, ya tiene una sentencia de demolición, aunque la fecha sigue sin confirmarse. Los residentes, encabezados por Jesús López, Oswaldo Ceballos y el carnicero Carlos Benítez, han planteado alternativas menos agresivas, como la demolición mecánica pieza por pieza, argumentando que la explosión masiva podría dañar estructuras colindantes y negocios como la charcutería de Benítez.
“No somos ingenieros, pero una implosión nos parece demasiado arriesgada”, comenta Benítez, quien perdió a su asistente durante el derrumbe. “Preferiría que se desmantele pared a pared, aunque cueste más, antes que ver destruir en segundos lo que construí con tanto esfuerzo”.
El ingeniero de minas José Luis de Abreu, profesor de la Universidad Central de Venezuela, explica que para edificios de 14 pisos con daños estructurales, la voladura controlada puede ser más segura que el uso de martillos hidráulicos, pues la maquinaria podría desencadenar un colapso inesperado. Sin embargo, insiste en la necesidad de estudios de daño, análisis de verticalidad y acondicionamiento del terreno para definir el método más adecuado.
Según De Abreu, un perímetro de seguridad de 100 a 250 metros y una evacuación de al menos cuatro horas son prácticas habituales en demoliciones con explosivos. Propone también zanjas amortiguadoras, protección de ventanas y sistemas de supresión de polvo con agua para reducir los efectos nocivos sobre la población circundante.
La respuesta de la comunidad y el futuro incierto
Aunque algunos vecinos contemplan la posibilidad de mudarse temporalmente, la mayoría reafirma su arraigo. “La Guaira no tiene dos”, asegura Jesús López, quien rechaza la idea de abandonar su tierra pese al miedo generado por la posible implosión. Oswaldo Ceballos, cuya familia llegó a La Páez en los años cincuenta, enfatiza que “la reconstrucción empieza por cada persona, no por la ayuda del gobierno”.
Mientras los entes gubernamentales continúan con censos y reuniones sin fechas concretas, la comunidad mantiene la esperanza de encontrar una solución que preserve sus viviendas y sus medios de vida. La pregunta que sigue sin respuesta es cuándo y cómo llegará esa solución, y si los residentes podrán seguir llamando a La Páez su hogar después de la demolición.
