Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio dejaron al descubierto graves irregularidades en las construcciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y una crisis en la gestión de las víctimas. La Alianza Rebelde Investiga (ARI) en colaboración con otros medios, ha documentado las fallas estructurales en los edificios y la situación caótica en la identificación y entierro de los fallecidos.
La investigación de la ARI, en la que participaron El PitazoRunrun.esTalCual y el consorcio de medios Venezuela Unida reveló que 16 de las 43 torres de 12 pisos en La Guaira se desplomaron por completo durante los sismos. Además, en 32 torres, equivalentes al 74% del total, se registraron denuncias sobre el veloz deterioro de las estructuras, incluyendo daños en frisos y mampostería, filtraciones y botes de aguas residuales.
Irregularidades en las construcciones de la GMVV
Un ingeniero civil que participó en el recorrido guiado por los nueve urbanismos de la GMVV en La Guaira identificó varias fallas estructurales. Entre las irregularidades más graves se encuentran columnas fuera de norma que redujeron la resistencia estructural, diseños que hicieron riesgosa la evacuación para sus habitantes y el uso inadecuado de poliestireno que propició la humedad y el desarrollo de filtraciones.
Estas fallas estructurales no solo pusieron en riesgo la vida de los habitantes durante los terremotos, sino que también dificultaron la evacuación y el rescate. La investigación destaca que las decisiones de diseño y el incumplimiento de reglas de construcción fueron factores clave en el colapso de los edificios.
La crisis en la identificación y entierro de víctimas
La gestión de los miles de fallecidos por los terremotos se ha convertido en una segunda emergencia para las familias que intentan localizar, identificar y sepultar a sus seres queridos. Una investigación conjunta de BellingcatEfecto Cocuyo la Alianza Rebelde Investiga y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) documentó la apertura de un amplio espacio de entierro junto al cementerio La Esperanza en la parroquia Carayaca estado La Guaira.
Las imágenes satelitales y los videos difundidos en redes sociales mostraron trincheras, ataúdes, maquinaria pesada y camiones refrigerados. Sin embargo, no fue posible confirmar el contenido de los féretros observados en las grabaciones. Desde la publicación del reportaje, la cifra oficial de fallecidos ha seguido aumentando, alcanzando los 4,490 muertos al 12 de julio.
Entierros temporales y fosas comunes
El lugar identificado por la investigación se encuentra junto al cementerio municipal de La Esperanza al suroeste de Catia La Mar. Las imágenes satelitales mostraron que el terreno comenzó a ser despejado el 27 de junio y que su extensión aumentó hasta ocupar aproximadamente dos o tres hectáreas. En una de las imágenes aparecían alrededor de media docena de ataúdes dentro de una trinchera y otros féretros sobre un camión.
La investigación aclaró que no pudo verificar si los cuerpos eran humanos ni determinar si correspondían a las víctimas posteriormente enterradas en ese espacio. Residentes de la comunidad afirmaron que el movimiento comenzó el 26 de junio dos días después de los terremotos.
Dificultades en la identificación de víctimas
La investigación periodística recogió testimonios de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que describieron limitaciones en los procedimientos de identificación. Según esas fuentes, después de varias horas de descomposición resulta necesario restaurar los tejidos de los dedos para recuperar las huellas. En casos más avanzados, los especialistas deben recurrir a procedimientos adicionales para obtener impresiones dactilares.
Los funcionarios consultados afirmaron que el país no contaba con suficientes equipos de odontología forense, antropología forense, anatomía patológica y análisis de datos para responder a una emergencia de esa magnitud. La identificación dependía en numerosos casos de documentos encontrados junto a los cuerpos, prendas de vestir, cicatrices, tatuajes y datos suministrados por familiares.
Más allá de los cadáveres inicialmente no identificados, la investigación documentó denuncias sobre víctimas que habían sido reconocidas por sus familiares, pero cuyo paradero dejó de conocerse después de ser trasladadas entre hospitales, morgues y depósitos provisionales. Testimonios recabados en la morgue de Bello Monte y en el espacio temporal habilitado en Los Silos en el puerto de La Guaira permitieron identificar al menos seis casos en los que los familiares no lograban localizar cuerpos que ya habían sido reconocidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez ha sostenido que los cuerpos recuperados pasan por procedimientos de identificación que incluyen huellas dactilares, fotografías y odontología forense. Sin embargo, la investigación señaló que no quedó claro si la mandataria se refería a impedir entierros clandestinos o a descartar cualquier modalidad de sepultura colectiva y temporal.
La ausencia de una explicación institucional detallada impide establecer cuáles procedimientos fueron aplicados antes de los entierros, qué base de datos concentra la información, cuántos cuerpos han sido exhumados o entregados y cómo pueden las familias consultar los códigos asignados.
