El acuerdo petrolero anunciado el 15 de septiembre de 2026 entre el gobierno interino de Venezuela y EE.UU. ha generado una verdadera tormenta mediática. Según los datos oficiales, Estados Unidos obtendría el control mayoritario de diecisiete yacimientos que suman 65.000 millones de barriles, equivalentes al 21,5 % de las reservas probadas venezolanas y al 141 % de las reservas estadounidenses. Sin embargo, la estructuración del pacto plantea dudas sobre su viabilidad y sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios.

¿Quién manejará los campos y qué papel juegan las grandes petroleras?

La explotación de los yacimientos quedará en manos de North American Blue Energy Partners (Nabep) una entidad registrada en Barbados cuyo historial es prácticamente desconocido. El CSIS señala que Nabep controlarían casi 5,4 veces las reservas de Petrobras en Brasil y 12 veces las de Pemex en México. EE.UU. recibirá un 35 % de participación en Nabep y el derecho preferencial de comprar el 20 % de la producción a precio de coste. La cifra anunciada para la inversión total asciende a US$100.000 millones una suma comparable con la que el expresidente Donald Trump citó en su reunión con la dirigencia petrolera estadounidense en enero.

Curiosamente, las compañías más potentes del país —ExxonMobil (valor de US$654 000 millones), ConocoPhillips (US$149 000 millones) y Chevron— se mantienen al margen del convenio. Chevron, única con presencia activa en Venezuela, firmó un acuerdo independiente para elevar su producción a 600.000 barriles diarios en los próximos cinco años, con una inversión de US$7 000 millones financiada con utilidades locales. Las demás gigantes declararon que el marco jurídico y regulatorio venezolano es “invitable” para la inversión, como explicó el presidente de ExxonMobil, Darren Woods, en la Casa Blanca.

Riesgos políticos y la sombra del “free rider”

El analista P. Krugman describió las reservas venezolanas como una “fantasía negra”, señalando que la gestión del recurso parece más un juego de imperialismo extractivo que una estrategia sostenible. Desde la perspectiva venezolana, la renuncia a una política autónoma se evidenció en la figura de Machado quien durante años propuso eliminar a Nicolás Maduro al estilo de la expulsión de Manuel Noriega. La captura de Maduro y su sustitución por Delcy Rodríguez (también citada como Delcy Eloína) no cambiaron la dinámica: el poder interno se volvió dependiente de los designios de Washington.

Donald Trump, según los analistas, actúa como un free rider busca maximizar beneficios sin asumir los costos estructurales. Su estrategia se basó en la confianza de que, al renunciar la élite venezolana a la política y aceptar la “vigilancia” de EE.UU., él tendría libertad para fijar precios y condiciones. Sin embargo, la ausencia de las grandes petroleras americanas muestra que el riesgo político (inestabilidad interna, posibles cambios de gobierno y litigios por compensaciones de expropiaciones—US$8.700 millones a ConocoPhillips y US$984,5 millones a ExxonMobil) supera el atractivo inmediato del recurso.

Implicaciones y escenarios futuros

El pacto con Nabep representa, según el CSIS un acuerdo sin precedentes en términos de escala, pero su ejecución depende de variables que aún no están aseguradas: la continuidad del gobierno interino, la estabilización del marco legal venezolano y la voluntad de los inversionistas de asumir el riesgo político. Mientras tanto, la falta de participación de las principales petroleras americanas sugiere que el proyecto podría quedar en manos de actores marginales, lo que a su vez alimenta la crítica de que el acuerdo sirve más como demostración de poder que como motor real de producción.

La combinación de cifras colosales, intereses contrapuestos y la ausencia de los gigantes del sector plantea la interrogante de si el pacto logrará transformar la industria venezolana o permanecerá como otro anuncio faraónico de la Casa Blanca.