El jueves 22 de octubre se cerró el tercer ciclo de la mesa de diálogo entre el Gobierno chavista y la Asamblea Nacional de 2015. En la sesión ordinaria del parlamento, controlado por el oficialismo, se anunciaron dos decisiones clave: la selección de los 12 representantes de la sociedad civil que formarán el Comité de Postulaciones Judiciales y la constitución de una comisión paritaria para gestionar el desbloqueo del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Ambas iniciativas forman parte de un proceso más amplio que busca reformar la justicia y aliviar la presión sobre los activos internacionales del país.
Designación del Comité de Postulaciones Judiciales
Tras seis jornadas de trabajo –dos plenarias y quince reuniones de mesas técnicas– la delegación chavista, encabezada por Jorge Rodríguez, y la delegación de la AN 2015 acordaron someter a consideración a los 12 civiles que integrarán el comité. Los aspirantes, 127 en total, fueron evaluados entre el 2 y el 9 de octubre mediante entrevistas y verificaciones realizadas por la Contraloría, la Fiscalía y la aduana nacional. Sólo los candidatos que cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 270 de la Constitución y en los numerales 64, 65 y 68 de la Ley Orgánica del TSJ pasarán a la plena del Parlamento en los primeros días de diciembre para su nombramiento.
El Comité de Postulaciones Judiciales tendrá la responsabilidad de preseleccionar a los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Su labor se articula con la creación de un Consejo de Revisión de Credenciales, propuesto en la primera fase de diálogo en agosto, que examinará técnicamente los expedientes de los aspirantes antes de su posible elección.
Revisión de leyes restrictivas y propuesta de defensoría
Durante el mismo ciclo se pactó someter a revisión profunda un paquete de cuatro normas que, según ambas partes, limitan la participación política. Entre ellas se encuentran la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Simón Bolívar y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El objetivo declarado es transformar esos instrumentos en herramientas que fortalezcan la convivencia democrática, la paz y la reconciliación.
Asimismo, se acordó crear una defensoría de garantías políticas y participación ciudadana, que funcionará como instancia de protección del ejercicio de los derechos políticos. La propuesta incluye la puesta en marcha de procesos para evaluar y corregir situaciones que vulneren el acceso y las garantías de la participación electoral.
Comisión paritaria para el oro y perspectivas electorales
Una comisión compuesta por tres miembros de la delegación chavista y tres de la AN 2015 se encargará de gestionar, ante el Reino Unido, el desbloqueo del oro que permanece en el Banco de Inglaterra. Este tema fue mencionado por primera vez en el ciclo inaugural de negociaciones en agosto y, pese a los avances, todavía no se ha concretado.
En paralelo, la delegada de la mesa de diálogo, Figuera, sostuvo una reunión el 9 de octubre con el secretario de estado estadounidense Marco Rubio. Según su propio relato, la conversación giró en torno a la necesidad de que Venezuela organice elecciones, aunque el cronograma definitivo corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE). Figuera señaló que, en términos personales, la meta es “dejar un país democrático que celebre elecciones”. Asimismo, indicó que la depuración del Registro Electoral y la restitución de las tarjetas electorales a los partidos judicializados son prioridades, tareas que lidera el diputado Ramón López.
Un funcionario de la diplomacia estadounidense, citado por CNN, manifestó que la definición de una fecha electoral “tomará tiempo” y que el proceso debe ser “deliberado y reflexivo”. Mientras tanto, la mesa de diálogo programó la siguiente ronda de conversaciones del 11 al 15 de noviembre, en la que se esperan avances sobre la legislación y la posible puesta en marcha del cronograma electoral.
