El 12 de octubre de 2026, la delegación oficial de Venezuela, encabezada por la mandataria encargada Delcy Rodríguez, tomó parte en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma. En su intervención, la jueza anunció el proyecto “Venezuela Alimenta” un programa que, según sus palabras, permitirá alcanzar hambre cero antes del año 2030. Además, enfatizó que “los alimentos jamás deberían convertirse en instrumentos de presión o confrontación política”. La declaración buscó distanciar al gobierno de acusaciones históricas sobre la parcialidad del sistema de distribución de alimentos.
El legado polémico del programa CLAP
El programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) nació en 2016 bajo la premisa de mitigar la escasez. Sin embargo, investigaciones de ONG como Transparencia Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Acceso a la Justicia han demostrado que la entrega de cajas de alimentos estuvo condicionada a la lealtad al PSUV la asistencia a movilizaciones oficiales y la inscripción en el Carnet de la Patria. En mayo de 2018, la OEA y el Panel de Expertos Internacionales Independientes alertaron sobre posibles crímenes de lesa humanidad, señalando que la escasez y el hambre se habían convertido en una “arma contra la población”.
Testimonios de funcionarios y denunciantes
El entonces vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, describió los CLAP como “cuadros políticos, de defensa del pueblo”. Por su parte, Freddy Bernal, quien coordinó el programa, admitió en una comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2018 que los CLAP fueron “una herramienta de conciencia, de organización y de control político”. Bernal precisó que cada jefe de CLAP podía ejercer influencia sobre hasta 300 familias reforzando la idea de un “apartheid alimentario”.
Sanciones internacionales y acusaciones de corrupción
Desde 2019, Estados Unidos intensificó la presión financiera contra la red de distribución. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al empresario colombiano Alex Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas, imputándoles lavado de dinero y la importación de alimentos a precios inflados para el programa CLAP. Ambos fueron detenidos en territorio estadounidense, lo que, según los acusadores, evidenció una trama de corrupción que alimentaba la crisis alimentaria venezolana.
Críticas al objetivo de “hambre cero”
El anunciado objetivo de lograr hambre cero para 2030 despertó escepticismo. Henrique Capriles recordó que el exgobernante Nicolás Maduro había repetido la misma promesa desde 2013, y acusó al gobierno de usar la retórica internacional para legitimar su permanencia en el poder. Organizaciones como el Laboratorio de Paz subrayaron que la inseguridad alimentaria en Venezuela sigue provocada principalmente por la falta de poder adquisitivo, según datos de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Tras los terremotos de junio de 2026, el PMA atendió a más de 300 000 personas y proyectó cubrir medio millón, lo que evidencia la brecha entre la promesa política y la realidad humanitaria.
Reacciones diplomáticas y posicionamientos regionales
Mientras Venezuela defendía su postura en la FAO, la embajada de Estados Unidos destacó que el diálogo ha impulsado avances en la liberación de presos políticos y reformas judiciales, aunque sin renunciar a la presión económica. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Tabaré Lubetkin, calificó a Delcy Rodríguez de “ilegítima”, argumentando que la solución a la crisis venezolana pasa por elecciones libres y por instituciones independientes que certifiquen los resultados. El canciller venezolano, Félix Plasencia, rechazó estas observaciones como una “visión vetusta y arrogante” que atenta contra la soberanía del país.
En síntesis, la presencia de Delcy Rodríguez en Roma sirvió para relanzar el discurso oficial de “alimentación universal” y para reiterar que los alimentos no deben ser usados como arma política. Sin embargo, el historial del programa CLAP, las sanciones estadounidenses y los reportes de organismos internacionales continúan alimentando la desconfianza sobre la veracidad de los planes anunciados y la capacidad del Estado venezolano para garantizar el derecho a la alimentación sin condicionamientos políticos.
