El pasado viernes 23 de octubre, alrededor de la 1:00 p.m., tres integrantes del Comité por la Libertad de los presos políticos en Venezuela (Clippve) y una persona acompañante comenzaron a grabar en la plaza Francia de Altamira, portando camisetas con el mensaje “Liberen a todos los presos políticos”. La intervención de la Policía Municipal de Chacao se dio bajo la dirección del alcalde Gustavo Duque, que, según el propio Clippve, pretendía disfrazar la agresión como una simple “confusión”.
Detención y justificación de la autoridad
Los funcionarios de Seguridad Ciudadana se acercaron al grupo y, sin presentar ninguna base jurídica, advirtieron que el contenido de las camisetas era motivo suficiente para prohibir la grabación. Además, alegaron que recibían presuntas “presiones” de sus superiores para obligar a los activistas a abandonar el lugar. Ante la negativa del comité, los agentes anunciaron que solicitarían apoyo adicional, mientras testigos presenciales grababan la escena. Posteriormente, se les permitió retomar la filmación, pero el Clippve subraya que esta medida no elimina el intento de censura inicial.
Respuesta oficial y denuncia de revictimización
Al día siguiente, sábado 24 de octubre, el director de la Policía Municipal, Luis Gonzálo Fernández, describió lo ocurrido como una “confusión”. El comunicado de la fuerza policial intentó minimizar la gravedad del suceso, lo que el Comité calificó de respuesta “revictimizante”, pues consideró que desviaba la atención de la conducta de los funcionarios hacia una supuesta interpretación errónea de las víctimas. En su mensaje difundido a través de X, Clippve exigió que se identifiquen a los policías involucrados, se revisen las cámaras de seguridad de la plaza y se aclare cualquier normativa que obligue a obtener permisos para grabar en espacios públicos.
Demandas de investigación y garantías
El Clippve reiteró cinco puntos clave: identificar a los funcionarios y las órdenes recibidas; preservar y analizar el material de videovigilancia para descartar trato discriminatorio; informar sobre el avance de la investigación y los correctivos; esclarecer la existencia de alguna normativa que regule la grabación en la vía pública; y garantizar, sin intimidación, los derechos de libertad de expresión, reunión y circulación. Asimismo, la organización señaló que otros activistas, como Katiuska Camargo e Isra de Corcho, habían reportado incidentes similares, lo que sugiere una práctica reiterada de restricciones arbitrarias.
El Clippve insiste en que la libertad de expresión es un derecho, no una concesión de las autoridades, y reclama una investigación exhaustiva que demuestre el compromiso de la institución policial con la Constitución y los principios de derechos humanos.
